Por Andreea-Nicoleta Leurzeanu
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30 de septiembre de 2019
Durante la experiencia de traductora y –sobre todo- intérprete en el ámbito judicial y jurídico de los últimos años, he tenido la oportunidad de presenciar ciertos diálogos llenos de confusiones debidas a las similitudes de forma entre el castellano y el rumano. Si bien es cierto que los dos idiomas se parecen mucho debido al origen latín que comparten, he descubierto un número importante de “falsos amigos”, de palabras con una forma idéntica o muy parecida, pero con significados completamente diferentes. En esta primera publicación sobre este tema compartiré uno de estos falsos amigos, con las aclaraciones pertinentes. La palabra que más a menudo he escuchado mal comprendida y traducida por los nativos rumanos es el sustantivo “ fiscal ”, que, según el diccionario de la RAE, es “la persona que representa y ejerce el ministerio público en los tribunales. En rumano, la palabra “fiscal” se utiliza únicamente como adjetivo y significa “referente o perteneciente a la Administración Tributaria, a Hacienda” (Dexonline: “ fiscal (adj.m.sg.)= care aparține fiscului, privitor la fisc”. “ Fisc (s.n.) = 1. Vistieria Statului. 2. Instituție de stat care stabilește și încasează contribuțiile către stat ale unei persoane fizice sau juridice, urmărește pe cei care nu și-au plătit în termen aceste contribuții. ”). La traducción correcta de la palabra « fiscal » en rumano es " procuror " (Dexonline: “ procuror, s.m.= Magistrat membru al Parchetului, care are rolul de a exercita acíunea penală și de a susține acuzarea; membru al procuraturii, care decide trimiterea infractorilor în fața justiției, susține acuzarea în procesele judiciare, supraveghează justa aplicare a legilor și reprezintă interesele statului într-un proces ”.) Debido a esta similitud formal, le he escuchado a más de un declarante frases como: “Me acaba de decir la señora de Hacienda…” (refiriéndose a la Fiscal). Se rumorea en los círculos de traductores que incluso hubo un compañero/ una compañera que en vez de remitir unos documentos traducidos al Ministerio Fiscal de Rumanía, los envío al Ministerio de Hacienda. Para evitar que este tipo de confusiones tengan consecuencias nefastas en un proceso judicial, hay que concienciar a todos los actores implicados: en primer lugar, nosotros los traductores e intérpretes tenemos que estudiar de manera sumamente pormenorizada el lenguaje jurídico en todos nuestros idiomas de trabajo, en segundo lugar, la administración de justicia tiene que asegurar el derecho a la traducción y la interpretación de las personas que no tienen el castellano como idioma nativo y, por último, los denunciantes, los procesados o los testigos tienen que reclamar este derecho, incluso cuando tengan ciertos conocimientos del idioma en el que se desarrolla el juicio, a sabiendas de que puede haber conceptos especializados que es posible que desconozcan.